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Raf200
Mientras la ley no fije otro número, la primera Corte Constitucional estará integrada por siete magistrados que serán designados para un período de un año así Dos por el Presidente de la República;Uno por la Corte Suprema de Justicia;Uno por el Consejo de Estado, yUno por el Procurador General de la Nación
El proceso de selección de los nuevos miembros de la nueva Corte Constitucional está llegando a su final. Con las calificaciones de las pruebas orales, notificadas y difundidas ayer de forma oficial, prácticamente ya se conoce quiénes serán los nueve jueces titulares y quiénes serán los suplentes de este organismo. Los candidatos todavía pueden pedir la recalificación de las pruebas orales y escritas que rindieron. Sin embargo, hasta el momento, la nueva Corte Constitucional se integraría con una mayoría de juezas mujeres, que fueron las que mejores calificaciones obtuvieron (ver tabulado). Las mejores puntuadas son Tatiana Ordeñana, actual vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; y María del Carmen Maldonado, ex asesora del actual titular del Consejo de Participación. De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, ellas obtuvieron 92 puntos sobre 100. Es decir, los mejores puntajes del proceso. Luego de ellas se ubica Alfredo Ruiz, con 91 puntos. En cuarto lugar están empatados Wendy Molina, Libia Rivas y Fabián Jaramillo, con 89 puntos cada uno. En séptima ubicación figura Patricio Pazmiño, actual presidente de la Corte Constitucional. Él logró 87 puntos. Finalmente, el octavo lugar lo comparten Antonio Gagliardo, fiscal del Guayas; Ruth Seni, actual jueza de la Corte; y Manuel Viteri, también juez. Según el reglamento del concurso de la Corte Constitucional, cuando existen empates entre los postulantes, se dará preferencia a las mujeres para ocupar el cargo. Es decir, que Seni entraría en el octavo lugar y el noveno estaría en disputa entre Gagliardo y Viteri; este último ha sido miembro de la Corte desde el 2007. Las pruebas orales fueron fundamentales para que los candidatos que tuvieron bajas calificaciones en los exámenes escritos se recuperen. Este fue el caso de Pazmiño, Molina, Seni, Édgar Zárate, Berenice Pólit y Hernán Rivadeneira. A Pazmiño la prueba oral le benefició, pues sacó una calificación perfecta 35 sobre 35. Antes de esa nota, la calificación de este juez era un modesto 52. En la prueba de conocimientos sacó 22/35, que contrasta con su presentación oral. Pólit también se benefició de la evaluación oral, ya que alcanzó 85 puntos, mientras que Rivadeneira logró 84 puntos y Zárate, 80. Ellos son los siguientes mejor puntuados del proceso. Mientras que las más bajas calificaciones son Alfredo Sánchez, con 51,5; y Tito Mendoza, 59. La mayoría de candidatos anunció que pediría la recalificación de sus pruebas escritas. Su argumento es que las preguntas del cuestionario fueron engañosas porque permitían varias respuestas posibles. Además, se ha criticado la redacción de los textos que no estaba clara y se prestaba a subjetividades. En un plazo de cinco días, contados a partir de hoy, los aspirantes podrán presentar sus quejas ante la Comisión Seleccionadora. Sin embargo, la titular de esa instancia, Pamela Martínez, explicó que para que una nota sea revisada, se deberán presentar todos los respaldos que justifiquen que la calificación inicial fue supuestamente errónea. Es decir, que para la siguiente semana ya se presentarán las notas finales del concurso y quiénes serán los nuevos magistrados de la Corte, que durarán en funciones nueve años. Según la Constitución de Montecristi, la Corte Constitucional es el organismo más importante y con mayores facultades jurídicas. Es la única instancia que tiene la capacidad de interpretar las normas de la Carta Magna. El balance final   La conformación de la Corte Constitucional es el último concurso que ha supervisado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Está pendiente la organización del proceso para la nueva Judicatura.   Patricio Pazmiño es el actual titular de este organismo que ha tramitado casos polémicos. Uno de ellos fue  la autorización al Presidente para realizar la consulta popular. Y dispuso que hasta la Ley de Función Legislativa sea vetada por el Presidente de la República. En su período estalló el caso de la Cervecería.

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